Lima, Mayo de 2015

Boletín N° 1,   Año 1

Tenemos derecho a una vida digna

Las mujeres y niñas tienen un mayor riesgo de ser infectadas y afectadas por el SIDA debido a la falta de poder sobre sus cuerpos y su vida sexual, sumado a la desigualdad social y económica en la que se encuentran inmersas, lo que las convierte en un grupo más vulnerable.

Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujeres. ONU Mujeres – 2006

Las políticas para enfrentar el VIH/SIDA en el Perú han logrado avances en la reducción del contagio y el alcance del tratamiento a las personas afectadas. Sin embargo, es débil el enfoque de género en el diseño y aplicación de las medidas pues las mujeres continúan siendo, pese a su grado de vulnerabilidad, invisibles como población con necesidades específicas que requieren respuestas en el mismo sentido.

La amplia normativa nacional vigente mantiene una deuda en relación a las mujeres, niñas y adolescentes, tanto en materia de prevención como de atención. Uno de los aspectos de mayor impacto es el que se refiere al vacío respecto a la relación entre la violencia por razones de género y el VIH/SIDA.

Pese a que cuatro de cada diez peruanas están sometidas a alguna forma de violencia_[1], las políticas no incorporan esta variable al formular las medidas de prevención ni de atención por lo que tal como indica Naciones Unidas, se incrementa el grado de vulnerabilidad a lo largo de su ciclo vital.

Esa es una de las dimensiones sobre las que queremos llamar la atención desde este espacio como Red de Mujeres Peruanas Viviendo con VIH/SIDA  tanto a autoridades como a la sociedad en su conjunto. Consideramos necesario un abordaje integral e inclusivo, con perspectiva de género, derechos e interculturalidad, de la problemática del VIH/SIDA en el país.

Ello implica sostener una real voluntad política para desarrollar actuaciones articuladas desde el Estado, destinando los recursos humanos y financieros suficientes que se orienten a la reducción de las brechas de género en cada intervención y garanticen una apuesta por la vida y dignidad de las mujeres afectadas.

En ese sentido, esperamos aportar elementos sobre  nuestra realidad específica a partir de los principales hallazgos del Informe: Inclusión de la violencia contra la mujer en la respuesta la SIDA a nivel nacional y la implementación de la agenda de ONUSIDA para mujeres y niñas (2014) que hemos impulsado con el apoyo del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y ONU Mujeres y que alcanzamos a la ciudadanía y autoridades.

El estudio contempla una Diagnóstico Situacional sobre la atención integral a las mujeres que viven con VIH vinculado al problema de la violencia de género. Ha sido realizado desde su mirada y en forma participativa a partir de un estudio de sus percepciones  como usuarias de los establecimientos de salud para analizar el grado de satisfacción del servicio en los programas de Atención Integral.

 Actoras en las políticas públicas

Las mujeres viviendo con VIH en el Perú apostamos por seguir contribuyendo a mejorar las condiciones de vida y ejercicio de derechos de nuestra comunidad. Para ello consideramos de suma importancia seguir analizando la compleja realidad que afrontamos y proponer medidas que se traduzcan en políticas públicas que respondan a nuestras necesidades específicas.

En ese objetivo, como Red Peruana de Mujeres Viviendo con VIH hemos impulsado un proceso participativo en el 2014 con el apoyo del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y de ONU Mujeres, orientado a elaborar un diagnóstico situacional sobre la atención integral que recibimos en los servicios del Ministerio de Salud.

Se eligieron seis establecimientos de salud de Lima donde 20 mujeres viviendo con VIH, previamente capacitadas, levantaron información entre mujeres usuarias de los servicios del programa Atención Integral sobre sus percepciones de satisfacción en estas instancias. Usaron para tal fin un cuestionario cuyo manejo fue parte de su proceso de capacitación.

Se puso así en marcha el proceso para un diagnóstico comunitario que analizaría los efectos del VIH/SIDA en las mujeres, la calidad de los servicios, la inclusión o no de la violencia de género en éstos, la existencia de una oferta de servicios para atender el problema y si incorporaban el vínculo entre VIH y violencia.

El 67% de las mujeres de la muestra se encuentra fuera del mercado laboral, en situación de desempleo y la gran mayoría (90%) se atienda en los servicios del Ministerio de Salud. El 40% cuenta con su diagnóstico de VIH de 1 a cinco años, el 27% de cinco a 10 y el 23% de 10 a 20 años.

Para nuestra Red es importante poner sobre el tapete evidencias de las brechas y deudas pendientes que mantiene el Estado en relación a la inclusión de la violencia contra las mujeres en los programas y servicios nacionales de VIH.

Las políticas públicas no tendrán el impacto esperado en nuestras vidas si es que no se atienden aspectos específicos de nuestra realidad.

De allí que hacemos un llamado a que los aportes que presentamos sean materia de atención, reflexión y diálogo para enriquecer las iniciativas en relación al VIH/SIDA en nuestro país y éstas garanticen nuestros derechos humanos a la salud integral, incluyendo la sexual y reproductiva, a vivir libres de toda violencia y a la igualdad de oportunidades sin discriminación alguna.

Violencia: factor de riesgo frente al VIH/SIDA

La violencia ejercida contra las mujeres tiene impacto directo en los ámbitos de su sexualidad y reproducción, siendo inclusive ejercida por el Estado.

Y es que en muchos casos, tras ser diagnosticada con el VIH, en la red pública de salud se verá expuesta a un trato no solo deficiente respecto de la calidad de los servicios, sino discriminatorio y lesivo a sus derechos.

El Diagnóstico Situacional sobre la atención integral a las mujeres que viven con VIH 2014 adelanta en sus resultados preliminares que si bien hay avances en brindar un trato cálido entre el personal profesional, en el área de hospitalización la situación es distinta y más bien es poco amigable (77%).

Además, el informe Inclusión de la violencia contra la mujer en la respuesta la SIDA a nivel nacional y la implementación de la agenda de ONUSIDA para mujeres y niñas (2014), da cuenta de esta situación en base a documentos oficiales.

Haciendo referencia al balance del Plan Estratégico Multisectorial 2007-2011 para la Prevención y Control de las ITS y VIH/SIDA en el Perú (PEM)_[1], realizado por el Ministerio de Salud en el 2011, indica que las principales deficiencias en la aplicación de esta política se relacionan con la calidad de los servicios de atención.

Allí se evidencia que el estigma y la discriminación es parte del trato del personal y que inclusive falta atención en salud sexual y reproductiva a las mujeres con VIH.

El trato discriminatorio por parte de las/os operadoras/es de salud es todavía una barrera a superar para lograr una atención digna y libre de estigmas a las mujeres con VIH/SIDA como parte de sus derechos humanos.

El propio informe Nacional sobre los Progresos Realizados en la Aplicación del UNGASS Perú -2009-2015_[2] precisa que pese a la exhaustiva e importante normativa en materia de VIH/SIDA, persisten grandes dificultades para su correcta interpretación e implementación, situación que constituye un obstáculo para el logro del acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo.

Un grupo altamente vulnerable lo compondrían las mujeres lesbianas y bisexuales quienes según un estudio del Centro Flora Tristán_[3] estarían prácticamente excluidas de las políticas públicas sobre VIH/SIDA al representar un bajo porcentaje de afectación y por el supuesto de que sus prácticas sexuales no revisten riesgo, quedando así desprotegidas.

Esta omisión constituye también violencia institucional. Según el citado estudio, no se hacen campañas de prevención dirigidas en forma específica a esta población, no existen protocolos para su atención y los servicios públicos de salud carecen de métodos de protección para relaciones sexuales entre mujeres.

La atención y el apoyo según las usuarias

Los resultados del Diagnóstico Situacional sobre la atención integral a las mujeres que viven con VIH vinculado al problema de la violencia de género 2014 señalan que el principal problema en la atención integral de la salud de las mujeres estuvo en el área de hospitalización donde el 77% indicó que el trato recibido no es amigable ni cálido.

Si bien la mayor parte de las mujeres (71%) valoró como buena la atención recibida, alrededor de un tercio (29%) considera que es deficiente.

Esta percepción se relaciona con su apreciación del trato profesional (médico infectólogo/a, psicóloga/o) que reciben en los servicios, pues aunque la mayoría dice que es amigable y cálido, el 27% indica que no es así en el caso del personal de las áreas de farmacia y laboratorio.

Para cerca de un cuarto de las mujeres encuestadas (38%) resultó complicado acceder a un servicio de salud  una vez diagnosticada, mientras que alrededor de la mitad (48%) no tuvo dificultades.

Sobre el acceso a la información, la mayoría (60%) la recibió en forma adecuada tanto respecto al  Seguro Integral de Salud como al VIH/SIDA (58%).

Por otra parte, el diagnóstico revela que las mujeres (66%) prefieren el apoyo de consejeros/as pares porque, como indican, las entienden y ayudan mejor. Sin embargo, su cobertura es deficiente pues solo un tercio ha recibido atención cada tres meses mientras que el 35% hasta el momento de la encuesta, no.

En cuanto al apoyo profesional, el 38% ha recibido consejería domiciliaria cada tres meses pero un 35% indica que nunca.

Un poco más de la mitad (54%) reporta que de vez en cuando el hospital promueve charlas para la adherencia pero solo un 23% asiste con frecuencia. Para las mujeres encuestadas los Grupos de Apoyo Mutuo (GAM) no responderían a sus necesidades, un mayoritario (58%) los considera espacios que les resta tiempo. Solo un 12% asiste con frecuencia.

Probablemente la información que sobre los GAM se brinda en los establecimientos no es suficientemente clara ni motivadora: un tercio de las mujeres (29%) considera que el personal de los centros de salud hace la referencia a estos espacios solo de vez en cuando, inclusive un 17% percibe que este asunto no les importa.

Déficits en el tratamiento y abastecimiento

Las mujeres viviendo con VIH no acceden totalmente al tratamiento gratuito pues cuando el servicio no cuenta con las pruebas de laboratorio o medicamentos, por ejemplo, casi la mitad (49%) tuvo que asumir los pagos en tanto el 52% decidió esperar, lo que podría implicar riesgos para su salud.

Así se desprende de los resultados del Diagnóstico Situacional sobre la atención integral a las mujeres que viven con VIH vinculado al problema de la violencia de género 2014.

En el caso de las infecciones oportunistas, un poco más de la mitad (52%) fue derivada a otros servicios de salud mientras que un 25% debió cubrir la atención con sus recursos propios.

El estudio también revela deficiencias en el abastecimiento. Estarían resultando afectadas un 25% de las mujeres quienes no reciben sus medicamentos a tiempo. Este porcentaje se eleva al 35% cuando indican que estas demoras las han vivido de dos a tres veces al año.

Las encuestadas identifican como responsable de este problema al Ministerio de Salud, ente rector de las políticas de prevención, detección y atención del VIH/SIDA en el país.

Violencia y VIH

El 40% de las mujeres considera que vivir con el VIH las coloca en mayor riesgo de violencia por parte de sus parejas, ya que su condición es usada como un mecanismo de control. De hecho la mayoría (75%) ha experimentado diversas formas de agresión, siendo la de más alto registro la psicológica (73%) seguida de la física (46%) y la sexual (23%).

Esta información está contenida en el Diagnóstico Situacional sobre la atención integral a las mujeres que viven con VIH vinculado al problema de la violencia de género 2014.

De sus respuestas sobre cómo interviene el Estado ante esta realidad, se advierte que ellas no perciben políticas, medidas o acciones en marcha destinadas a establecer la relación de la violencia con el VIH/SIDA en cuanto a la prevención o atención, aun cuando el 46% considera que las consejerías de soporte abordan la situación de violencia.

Es significativo que más de la mitad, 54%, no lo perciba así, es decir, que no haya registrado el abordaje del problema de la violencia en las consejerías.  

Esta situación podría indicar que el sistema presenta deficiencias que impiden llegar con información clara, oportuna y accesible a todas las mujeres, para de esta manera contribuir a reducir su riesgo y vulnerabilidad ante la violencia.

Del porcentaje de encuestadas que indica haber recibido orientación de las consejerías de soporte, la mayoría (69%) reporta que ésta se trató de información sobre los servicios sicológicos y la posibilidad de ser derivadas a instancias de protección.

Sin embargo no se evidencia en los resultados del Diagnóstico la relación entre las experiencias de violencia de género y la mayor exposición al VIH.

Las mujeres encuestadas percibieron que se les aseguraba (71%) confianza, privacidad y confidencialidad y que el personal de los servicios de VIH/SIDA tenía capacidad (54%) en violencia sexual, género y la implementación del protocolo para víctimas de violencia sexual.

Aunque el 46% conocía de las casas refugio, servicios policiales y legales especializados para atender a las mujeres en violencia, no todas acudían a solicitar información o a presentar una denuncia ante alguna entidad estatal. Buscaban orientación en sus amigas (19%), se dirigían a la comisaría en un 23% y apenas un 4% a algún Centro de Emergencia Mujer.

Cómo vemos nuestros derechos en salud

Según el Diagnóstico Situacional sobre la atención integral a las mujeres que viven con VIH vinculado al problema de la violencia de género 2014, alrededor de de un tercio de las encuestadas (27%) siente que se vulnera su derecho a la salud e inclusive de manera frecuente (46%).

Sin embargo no revelan un empoderamiento para actuar en su defensa: más de la mitad (54%) nunca realizó un reclamo y consideran que son el  propio hospital, consejero par y promotor/as quienes deben velar por el cumplimiento de sus derechos.

Un 23% de las mujeres presentó su reclamo en forma verbal y opina que corresponde a las instancias estatales exigir que ésta sea atendida, es decir la Defensoría de la Salud y Transparencia y la Defensoría del Pueblo.

Su percepción como sujetas de derechos es amplia, consideran como suyos los de organizarse con otras mujeres que viven con el VIH, capacitarse en la defensa de sus derechos de género y a la salud y vivir libres de todas las formas de violencia.

Señalan en forma específica los derechos relacionados a su vida sexual y reproductiva y reivindican el poder tomar sus propias decisiones (por ejemplo cuántos hijos/as tener), auto determinarse con  libertad sobre sus cuerpos, sexualidad y salud; y vivir con la persona que elijan sin ser discriminadas por ello.

Y asumen con claridad su derecho a contar con información actualizada sobre los retrovirales y los avances en medicamentos, incluyendo la referida a los efectos secundarios.

Atención a estos datos: