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Se estima que en el
Perú se producen cada año 352 mil abortos inducidos, según un estudio
realizado en el 2001 por Delicia Ferrando (Centro Flora Tristán y
Pathfinder International). Para 1994, un estudio de Instituto Alan
Guttmacher daba la cifra de 271.1 mil abortos. Es decir, se ha producido
un significativo incremento.
Se calcula, además, que
se registra un aborto por cada nacido vivo, que la probabilidad de las
mujeres peruanas de 15 a 49 años de provocarse un aborto es de 5.2% y
que solo el 14% de las mujeres que tienen un aborto se hospitaliza.
El aborto ocupa el
cuarto lugar como causa de muerte materna (7%), según el Ministerio de
Salud; sin embargo, numerosos estudios sostienen que dentro de las
muertes por hemorragias (60%) e infecciones (13%) se encuentran
subregistradas muchas muertes por aborto. En consecuencia, si existiera
un buen registro de las muertes maternas, el aborto ocuparía
posiblemente el primer lugar.
En el Perú, el aborto
es ilegal y constituye un delito contra la vida. El único caso de aborto
no sancionado por la ley es el que se realiza para salvar la vida de la
mujer o evitarle un mal grave o permanente.
En la Ley de Salud
existe una norma legal que obliga al personal médico a denunciar los
casos en que existan indicios de aborto. Esta disposición quiebra el
principio de confidencialidad médico-paciente.
Ante esta situación,
las Naciones Unidas, a través del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (1995, 1998 y 1999) y a través del Comité
de Derechos Humanos (1996) instó al Estado peruano a revisar la
legislación que contiene medidas punitivas para las mujeres que abortan.
Hace énfasis en que la criminalización del aborto no desalentó esta
práctica, sino más bien tuvo el efecto de hacer el proceso más inseguro
y peligroso para las mujeres.
La práctica clandestina
implica complicaciones especialmente a las mujeres de escasos recursos,
sean rurales (69%) o urbanas (44%), y en mucho menor medida a las
mujeres que tienen altos ingresos (9%). Aproximadamente 65 mil mujeres
son hospitalizadas cada año por complicaciones de aborto.
Todo esto hace que el
aborto constituya en el Perú un grave problema de justicia social y de
salud pública que el Estado debe enfrentar con la eliminación de la
normatividad punitiva, con políticas adecuadas y los recursos
correspondientes. El aborto es un tema complejo y despierta sentimientos
encontrados, pero que deben ser dejados de lado para tener como primera
prioridad la vida de las mujeres.
Hay que recordar que el
Perú ocupa el segundo lugar entre los países de América del Sur con el
más alto índice de mortalidad materna. Cada año mueren mil 800 mujeres
por problemas relacionados con el embarazo y el parto. |
