Derechos sexuales y reproductivos

También una responsabilidad del Estado

 Cuando hablamos de desarrollo, no solo nos estamos refiriendo a los avances tecnológicos que una sociedad puede acceder, sino a aquellos que contribuyen a que las personas, hombres y mujeres, tengan una vida digna, lo cual incluye necesariamente el ejercicio pleno de los derechos humanos.

 Lamentablemente para muchas personas, hablar del ejercicio de sus derechos humanos tiene poco sentido, dado que día a día las más elementales expresiones de estos derechos son violentadas, afectando no solo su desenvolvimiento social o  potencialidad como sujetos, integrantes de una sociedad, sino también causando enfermedades y muerte. No es nuevo reconocer que entre las más afectadas y postergadas en el ejercicio de estos derechos son las mujeres, cuyas violaciones se concentran principalmente en el ámbito sexual y reproductivo.

 La constatación de que éste es un problema que trasciende a países, grupos sociales y culturas y que constituye una de las principales barreras para el desarrollo, ha hecho que se realicen esfuerzos para hacer efectiva su visibilización, sobre todo, se generen compromisos de los Estados. Uno de los principales hitos en este proceso fue la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo, celebrada en 1994, en la que diversas organizaciones, instituciones y gobiernos, entre los que se hallaba el Perú, establecieron un conjunto de acuerdos y compromisos para que en un lapso de veinte años se cambie esta situación.

 Desde que se tomó este acuerdo, diversos esfuerzos se han ido desarrollando, y se ha logrado una mayor información para la toma de decisiones en torno a la vida sexual y reproductiva, un mayor acceso a servicios de salud reproductiva y a métodos anticonceptivos, un incremento de niñas que acuden a la escuela y que completan su educación y la atención de problemas urgentes, como la violencia en contra de la mujer y el aborto inseguro.

 Si bien es cierto, estos avances no han sido similares en todos los países, ni sus aplicaciones han sido del todo adecuadas, hecho que fue denunciado en su momento por las organizaciones de mujeres, como ocurrió con las esterilizaciones forzosas, lo que ahora se nos presenta como política del Ministerio de Salud se constituye en un grave retroceso de lo ya avanzado, lo que definitivamente afectará principalmente a la población de escasos recursos, cuyo acceso a servicios depende principalmente del Estado.

 Dentro de los retrocesos que más preocupan y que se convierten en una clara violación de derechos humanos, es el desconocimiento de que las personas, al margen de su edad, condición social, estado civil, raza o creencia religiosa, tienen derecho a tomar sus propias decisiones en materia de ejercicio sexual y de reproducción. Es decir, ninguna mujer puede ser obligada (así viva en una relación formal con su pareja) a tener relaciones sexuales no voluntarias, a asociar relaciones sexuales con embarazo como si este último fuese una consecuencia inevitable, o a tener una maternidad no voluntaria.

 También es una violación de derechos humanos la no prestación de programas efectivos de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITSs) y VHI/Sida, lo cual necesariamente incluyen educación sexual, tratamientos efectivos y métodos eficaces al alcance de todos y todas, respetando tanto las prácticas como la diversidad sexual que opten las personas de manera voluntaria. 

 Lamentablemente, estos retrocesos no solo corresponden a nuestro país, muchos otros también vienen sufriendo cambios negativos y se sabe que ello proviene de corrientes conservadoras que interfieren en el campo de las políticas públicas, basándose en argumentos que necesitan ser aclarados y ampliamente difundidos.

a)      La equidad de género no es una guerra de los sexos, tal como pretenden presentarlo, sino una nueva forma de establecer relaciones entre hombres y mujeres, que contribuye a una sociedad más equitativa, a la promoción de igualdad de oportunidades y a generar responsabilidades compartidas.

b)      La salud reproductiva no es sinónimo de aborto. Su concepto incluye el estado de bienestar que permite tener los hijos que se quiera,  en el momento que se considere más adecuado, a no sufrir de complicaciones por traer hijos al mundo, a no contagiarse de enfermedades de transmisión sexual o VIH/Sida a causa de tener relaciones sexuales, a contar con servicios de salud de calidad que atiendan las necesidades asociadas a la salud sexual y reproductiva, incluyendo la violencia familiar.

c)       Las decisiones en materia sexual y reproductiva no son un asunto de pareja, ni de familia, sino de personas. Los derechos humanos protegen principalmente el derecho de las y los individuos. Los derechos humanos reconocen que las personas que forman parte de una familia tienen derecho a tener opinión propia, y a decidir por sí mismas en todos los asuntos que les atañen directamente, sobre todo aquellos relacionados a su cuerpo, a su salud y a su bienestar. Es bastante conocido que no siempre las familias permiten un adecuado desarrollo de las personas, tal es así que la mayoría de las veces los principales perpetradores de violencia familiar y sexual son miembros de la familia. 

 Defender los acuerdos logrados en la Conferencia de El Cairo es una necesidad urgente, debido a que no solo afirma los derechos humanos en lo más básico, sino también garantiza la salud de las personas, principalmente de las mujeres y, sobre todo, responsabiliza al Estado respecto a su protección. Ninguno de los derechos reproductivos que fueron reconocidos en esta Conferencia y luego reafirmados en las distintas recomendaciones de los tratados internacionales, pueden ser eludidos y es nuestra responsabilidad como sociedad civil alentar su cumplimiento, difundir su existencia y señalar los vacíos para así lograr el sueño de tener una vida con dignidad, sin riesgo de enfermedad ni muerte por causas que pueden ser totalmente prevenibles, con políticas públicas más humanas.