En opinión de la doctora Rocío Villanueva el uso de las píldoras de anticoncepción de emergencia es legítimo. "No se trata de pastillas abortivas como, en su momento, se quiso hacer creer. El mismo Colegio Médico se ha pronunciado recomendando que se recete con cuidado, como sucede con otros medicamentos."

Defensoría de los Derechos de la Mujer:

El programa de planificación familiar ha presentado problemas, denunciados por el movimiento de mujeres. En el siguiente artículo, la doctora Rocío Villanueva, de la Defensoría del Pueblo, reflexiona sobre el tema y coloca sobre el tapete antiguas y nuevas dificultades.

En un país donde el lastre social convive con una educación limitada e incluso con una idiosincrasia compleja, el respeto a los derechos de la mujer suena muchas veces como una ilusión. Esto lo confirma la doctora Rocío Villanueva, de la oficina de Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, cuando nos cuenta las dificultades que enfrentan las mujeres para decidir sobre sus derechos reproductivos.

"Nosotros trabajamos en estos asuntos desde 1997, cuando encontramos las primeras deficiencias en el programa de planificación familiar del gobierno de Alberto Fujimori". Así, las ligaduras de trompas que llevó a la esterilización de muchas mujeres fue la punta del iceberg de este deficiente manejo del programa.

"Es claro que hubo violación de los derechos humanos. El gobierno se excedió", señala la doctora Villanueva. La tarea de esta oficina de la Defensoría ha sido, a lo largo de este tiempo, supervisar de cerca el programa y presentar informes que puedan reflejar lo que verdaderamente sucede en el Perú profundo. "En el primer informe, que data de 1998, recomendamos al Ministerio de Salud, entre otras cosas, que eliminara las campañas de ligaduras de trompas. Enviamos el estudio en enero y el ministro respondió en marzo señalando que lo que su cartera promovía era una campaña de planificación familiar".

El plazo de reflexión

Entonces lo que aconsejó la Defensoría fue que no solamente se privilegiara la ligadura de trompas sino que se brindara, como dice el artículo seis de la Constitución, toda la información sobre los otros métodos de anticoncepción y que la persona pueda optar por aquél que creyera más conveniente. "Además -agrega la especialista- buscamos que se implementara un plazo de reflexión de 72 horas para que las mujeres decidan esterilizarse o no. La mayor parte de las recomendaciones fueron acogidas por el Ministerio de Salud. Entre ellas se fijó un plazo de reflexión pero que era voluntario, es decir no era obligatorio como lo recomendamos nosotros".

En agosto de 1999, la Defensoría presentó su segundo informe. Esta vez se incluían 157 casos de abusos en los derechos reproductivos de la mujer. Sin embargo, la mayor parte de estas historias había ocurrido entre 1996 y 1997 cuando la Defensoría del Pueblo aún no intervenía. "En este informe presentamos nuevas solicitudes. Entre ellas pedimos que el plazo de reflexión sea obligatorio. Estas  recomendaciones de la Defensoría fueron acogidas en setiembre de 1999 y tienen vigencia hasta hoy", agrega la doctora Villanueva.

Ignorancia de las normas

En el 2002, la Defensoría acaba de presentar su tercer informe y en el que se identifican antiguos y nuevos problemas. Una de las dificultades que aún subsiste es que no se respeta el plazo de reflexión. Otro grupo de quejas viene de lugares donde se han practicado ligaduras de trompas sin el consentimiento de las mujeres y en lugares no autorizados. "Esto sucede probablemente por desconocimiento de las normas de planificación familiar, es decir a pesar de que estas normas son de 1999 parece que aún mucha gente las ignora".

Por otro lado, como nuevo problema tenemos que existen lugares donde no se realizan ligaduras de trompas. "Hemos pasado de una situación en la que se privilegiaba las ligaduras a una nueva que son los hospitales que se niegan a realizarlas, a pesar de que la ley señala que se pueden realizar estas operaciones. Igualmente, hemos identificado casos en los que se cobra por la ligadura de trompas, cuando la norma señala que es totalmente gratis".  

La doctora Villanueva considera que en este contexto existen dos problemas graves por resolver. "Uno que es el incumplimiento de las normas del programa de planificación familiar. Me refiero directamente al caso de hospitales que no quieren hacer ligadura de trompas o que no les suministran a las mujeres los anticonceptivos que ellas solicitan. Eso no tiene justificación”.

Y un segundo tema se orienta a los cobros indebidos. "Existen lugares donde el puesto médico le ha impuesto multas a las mujeres por dar a luz en sus casas o por faltar a su control prenatal. Eso es verdaderamente un abuso. Por ejemplo, en Ayacucho detectamos que por parto domiciliario se cobra cien nuevos 100 soles".

La doctora Villanueva sostiene que el Estado y el Ministerio de Salud tienen una gran tarea en concientizar a la gente sobre los verdaderos alcances del programa de planificación familiar. "Esta es una labor que debe realizarse de manera transparente. En lo que respecta a nosotros, nos queda vigilar, supervisar y continuar con nuestros informes", concluye.