Los derechos sexuales y reproductivos son reconocidos como derechos humanos y representa el derecho de las personas a decidir de manera libre sobre su sexualidad y sobre su vida reproductiva. Ejercerlos y exigirlos es parte del ejercicio de nuestra ciudadanía.

Las sociedades democráticas aportan a la construcción de una ciudadanía plena, que se basa en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas y garantía para su respeto y ejercicio. Es decir, los Estados democráticos aceptan la obligación de proteger y asegurar a sus ciudadanos y ciudadanas sus derechos humanos, para lo cual legisla e implementa políticas y programas. 

 Reconocidos como derechos humanos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos (DSR) engloban el derecho de las personas a decidir de manera libre sobre su sexualidad y sobre su vida reproductiva, esferas de indiscutible importancia en la vida cotidiana y sin lo cual difícilmente se puede pensar en una ciudadanía real. Por  ello, los DSR garantizan la convivencia y la armonía sexual entre hombres y mujeres, asegurando que la sexualidad y la reproducción se ejerzan con libertad, respetando la dignidad de las personas, permitiéndole al ser humano el disfrute de una sexualidad segura, placentera y con el menor riesgo posible de sufrir complicaciones de salud.

 De manera puntual, los derechos reproductivos[1] son los derechos de todas las parejas e individuos 

• a decidir libre y responsablemente el número, espaciamiento e intervalo de sus hijos e hijas, y a disponer de la información, educación y medios para hacerlo;
• a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva; y

·        a tomar decisiones acerca de su reproducción libre de coacción, discriminación o violencia.

 Y los derechos sexuales son los derechos de todas las parejas e individuos

• a decidir libre y responsablemente sobre todos los aspectos de su sexualidad, incluyendo la protección y promoción de su salud sexual y reproductiva;
• a estar libre de coacción, discriminación o violencia en su vida sexual y en todas las decisiones acerca de la sexualidad;
• a contar con y demandar igualdad, consentimiento pleno, respeto mutuo, y responsabilidad compartida en las relaciones sexuales.

 El Programa de Acción formulado por la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo-CIPD (El Cairo, 1994), así como Plataforma Mundial para la Acción resultante de la Cuarta Conferencia Mundial sobre de la Mujer (Beijing, 1995) consolidan los compromisos políticos asumidos por los Estados participantes respecto a los DSR, entre ellos los del Estado peruano.

 En el Cairo se definen los derechos reproductivos como derechos humanos.

En Beijing se incluye aspectos que pueden reconocerse como los contenidos iniciales de los derechos sexuales: “se debe entender que los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva”.

 Entre los compromisos que el Estado Peruano ha asumido respecto a los DSR están:

1. Que la salud reproductiva esté al alcance de todas las personas lo antes posible, preparando programas de salud reproductiva para atender las necesidades de las mujeres y las adolescentes.
2. Apoyar el principio de la libertad de elección en la planificación de la familia, adoptando medidas para satisfacer las necesidades al respecto de la población lo más antes posible.
3. Proporcionar acceso universal a una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y a servicios de salud reproductiva.
4. La promoción,  el suministro y la distribución fiables de preservativos de buena calidad deberían convertirse en elementos integrantes de los servicios de salud reproductiva.
5. Posibilitar el acceso de la mujer a los sistemas de seguridad social en condiciones de igualdad con el hombre durante toda su vida.
6. Eliminar todas las prácticas de discriminación contra la mujer, ayudando a la mujer a establecer y realizar sus derechos, incluidos os relativos a las salud reproductiva y sexual.
7. Intensificar esfuerzos de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual y de otras infecciones del aparato reproductivo.
8. Reducciones significativas de la mortalidad materna para el año 2005: una reducción de la mortalidad materna a la mitad de los niveles de 1990 para el año 2000 y una nueva reducción a la mitad para el año 2015.
9. Reconocer y afrontar las consecuencias que tienen para la salud los abortos peligrosos. En todos los casos las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos.
10. Eliminar los obstáculos jurídicos, normativos y sociales que impiden el suministro de información y servicios de salud reproductiva a los adolescentes.

 Estos compromisos asumidos por el Estado peruano en el año 1994 y 1995 evalúan de manera directa las gestiones de nuestros gobernantes, las estadísticas sobre la situación de la salud sexual y reproductiva en el Perú nos adelanta que el Estado está aún muy lejos de cumplir con sus compromisos internacionales:

·        El Perú tiene una de las tasas más altas de muerte materna de América Latina y del mundo, 185 muertes por 100,000 nacidos vivos.

·        En el Perú se producen cada año 352 mil abortos clandestinos, cada hora se realizan 40 y cada día 1000.

·        Cerca de un millón de niños/as nacieron sin que sus madres y padres hubieran querido tenerlos/as.

·        862 mil mujeres continúa con escasa protección anticonceptiva o está totalmente desamparada frente al riesgo de un embarazo no deseado.

·        13% de las jóvenes entre 15 y 19 años ya son madres o están  gestando por primera vez. Esta cifra asciende al 25% en zonas rurales y de la selva.

·        5,000 personas se encuentran en el estadio final de la infección por el VIH denominada estadio Sida. Desde el inicio de la epidemia en el Perú (1983) ya han fallecido 5,000 hombres, mujeres y niños/as.

 Presentar este panorama que se muestra como grave y desalentador tiene la finalidad de llamar a la reflexión y sobre todo a la acción, especialmente en los tiempos actuales en los que  tenemos la gran oportunidad de participar del proceso de reforma de la Constitución Política, que está buscando establecer nuevos rumbos para el país. De ahí la necesidad de exigir que nuestros políticos y gobernantes consideran que las ciudadanas y ciudadanos necesitamos que nuestros derechos sexuales y reproductivos sean reconocidos y protegidos al más alto nivel y además traducidos en leyes, políticas y programas públicos.

 Esta es la importancia del actual proceso de debate constitucional: poder incorporar de manera amplia en la norma de mayor jerarquía, que es la constitución, nuestros DSR,  logrando así  las garantías necesarias para que se puedan establecer políticas de Estado que aseguren la libertad y autonomía personal sobre las decisiones en materia de sexualidad y reproducción.

 De lo observado en este proceso preocupa que se quieran desconocer estos derechos, a pesar de que muchos de ellos ya se han traducido en políticas, o que se quiera argumentar que la salud sexual y reproductiva no constituye un derecho humano fundamental. Los retrocesos en esta materia lo único que lograrían es poner en riesgo de manera innecesaria la vida de miles de mujeres y hombres en el Perú.

 Las peruanas y peruanos tenemos derecho a vivir una sexualidad plena y segura, y para ello el Estado debe de cumplir con sus responsabilidades y compromisos, y no dar marcha atrás en lo logrado en materia de derechos humanos.