Susan Poats, María Cuvi y Paulina Arroyo[2]

Uniendo conocimientos, experiencias, resultados de investigaciones y esfuerzos en un mismo artículo, las tres autoras intentan responder a

algunas inquietudes y compartir algunas reflexiones con respecto a la inserción de género en la conservación. Después de introducir

brevemente cómo se está usando el enfoque de género en la conservación en el Ecuador, analizan cómo el enfoque de género ha sido

aplicado en los proyectos de desarrollo rural durante la década de 1990, y de qué manera ha contribuido al empoderamiento de las mujeres

rurales. También presentan varios casos para ilustrar el uso del enfoque de género en los proyectos de conservación y desarrollo, extraídos del

Taller Nacional sobre género y experiencias locales de conservación participativa[3]. Finalmente, se plantean pistas para entender las

oportunidades y las barreras para que el género contribuya tanto a la conservación de la biodiversidad en el Ecuador, como al empoderamiento de las mujeres rurales y de otros grupos locales.

El enfoque de género en la conservación de la biodiversidad en el Ecuador

En la década de 1990, la participación de las comunidades rurales y otros(as) actores(as) sociales en el manejo de los recursos naturales y la conservación ha sido cada vez más aceptada por las organizaciones no gubernamentales (ONG) y gubernamentales. En el Ecuador, la conservación con participación social es una necesidad primordial ya que las áreas naturales cuentan con porcentajes altos de población dentro y fuera de ellas (Poats et al.: 2001). Estamos viendo un auge de organizaciones de desarrollo incursionando en el campo de la conservación al igual que las de conservación insertándose en el desarrollo rural. Presenciamos la construcción de nuevas alianzas entre los gobiernos, las ONG, las organizaciones de base, las instituciones de investigación y los grupos comunitarios (Schmink: 1999).

  Tanto las posiciones de las mujeres en Río como en Beijing, han sido acogidas por nuestro país y son implementadas a través de diferentes instrumentos y mecanismos.

El Plan Ambiental Ecuatoriano y la Estrategia de Biodiversidad nacen directamente de las normas internacionales de la Convención sobre Biodiversidad, reconocidos por el Estado Ecuatoriano, mientras que el Plan de Igualdad de Oportunidades del Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU), es la respuesta nacional a la Plataforma de Acción de Beijing. Sin embargo, no se han establecido puentes entre los instrumentos ambientales y los de género.

Además existen esfuerzos de la sociedad civil y de las instituciones de investigación, para responder a los nuevos retos que presenta la relación entre conservación y desarrollo (Schmink: 1999). Un ejemplo es el programa MERGE (Manejo de Ecosistemas y Recursos con Énfasis en Género), integrado por una red de organizaciones inmersas en la conservación que utilizan una perspectiva de participación y género; principalmente en Ecuador, Perú, Brasil y Estados Unidos.

Las agencias bilaterales también han impulsado la utilización del enfoque de género en sus proyectos de conservación. Muchas veces la influencia de los donantes es clave para que el proyecto o programa incorpore un enfoque de género y el reto es que éste no sea sólo coyuntural y temporal.

Entre las organizaciones de conservación internacionales, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha sido una de las pocas que incluye consideraciones de género explícitamente en su política (UICN, “Una declaración de política”: sin fecha). Otras organizaciones de conservación han desarrollado la participación comunitaria en la conservación, pero sin explicitar el género. Y otras organizaciones de conservación aún están ubicándose dentro de un marco conceptual y metodológico sobre la participación, el género y la conservación.

Género en las instituciones  ambientales del Ecuador

  El tema de género sólo comienza a ser considerado por las instituciones ambientales del Ecuador desde mediados de la década de 1990. Si hacemos un recuento de algunas reuniones hitos que reflejen el posicionamiento de los grupos ambientalistas en el país, vemos que en las conferencias nacionales sobre el ambiente -la primera en 1987 y la segunda en el 1995- no se mencionó el tema de género. Y a pesar de que durante la segunda conferencia nacional se abordó por primera vez el tema de la  participación comunitaria en la conservación, no se hizo ningún vinculo con el enfoque de género.

Sin embargo, luego de 1995 las cosas comenzaron a cambiar porque en ese año hubo algunos encuentros nacionales sobre género y ambiente[4]. El Centro de Planificación y Estudios Sociales (CEPLAES) y el Proyecto Desarrollo Forestal Campesino, organizaron eventos en los que por primera vez se juntaron los temas de género y las políticas ambientales. En 1996, UNIFEM publicó un ensayo de María Cuvi sobre las conexiones entre las mujeres y el ambiente en el Ecuador y, en ese mismo año, el programa MERGE organizó una Conferencia Internacional en Quito[5]  para compartir sus experiencias y profundizar sobre las primeras lecciones de los esfuerzos de campo, además de crear una base de recursos humanos para avanzar en la conceptualización y aplicación del género en la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales, a través de un proceso de capacitación. Finalmente, en el 2000 y 2001 el Grupo Randi Randi organizó dos talleres (uno nacional y otro internacional, respectivamente), sobre experiencias basadas en la conservación comunitaria con enfoque de género.

  Las inquietudes sobre género en los proyectos de conservación comunitaria

Las reflexiones que se presentaron en el taller nacional realizado en el 2000, sobre la valoración ética[6] del enfoque de género, puntualizaron que es necesario tener una visión integral al respecto y romper la concepción de que el género es solamente equivalente a mujeres, así como la necesidad de reconocer y valorar los conocimientos de los distintos grupos étnicos.

En cuanto a las políticas públicas sobre género y biodiversidad, se vio la necesidad de crear espacios de participación y retroalimentación para una gama amplia de actores(as) sociales, de contar con mecanismos institucionales de género dentro del Ministerio del Ambiente, de cultivar la participación efectiva a través de la capacitación y de formar grupos asesores institucionales para canalizar las demandas locales en la formulación de políticas públicas.

En cuanto al fortalecimiento institucional, se recomendó adaptar las políticas y estrategias internacionales a las realidades locales, revertir la tendencia a que “el que financia pone las reglas”, construir propuestas coherentes y sistemáticas hacia las organizaciones internacionales, fomentar un intercambio interinstitucional horizontal y permanente para analizar y mejorar las políticas institucionales sobre género, promover mayor relación entre los académicos y académicas de Quito y los(as) agentes de desarrollo y conservación en el campo, y propender hacia políticas de empoderamiento de género en cuanto al acceso, uso y toma de decisiones sobre la biodiversidad.

Una visión retrospectiva sobre las mujeres rurales y los proyectos de Desarrollo

¿La adopción del enfoque de género en los proyectos de desarrollo rural ha propiciado el empoderamiento de las mujeres rurales? Esta pregunta tiene mucha vigencia en el ámbito de la conservación, puesto que el uso del enfoque de género además de ser muy reciente e incipiente, podría estar replicando lo que antes se hizo en el desarrollo rural y repitiendo, en muchos casos, los errores y omisiones ya identificados, discutidos y descartados.

En el Ecuador, cuando las ONG de conservación comienzan a familiarizarse y a usar el enfoque de género, la propuesta de “mujeres en el desarrollo”, predominante hasta los años 80 en las agencias internacionales, había sido sustituida por la de “género y desarrollo”. Un cambio que suscitó extensas y acaloradas discusiones entre las especialistas de género, y que también ha generado un mar de confusiones y distorsiones todavía irresueltas.

  Usos del enfoque de género en el desarrollo rural

  Desde la década de 1970, pero sobre todo desde la de 1980, las agencias internacionales, el Estado ecuatoriano y las ONG, han tomado en cuenta a las mujeres rurales en las intervenciones orientadas principalmente a combatir la pobreza en el medio rural y a promover el desarrollo mejorando el ingreso, la producción y la productividad agropecuaria.

Lo que se ha modificado han sido los enfoques utilizados en las intervenciones orientadas a promover el desarrollo rural. Sólo desde principios de la década de 1990, se comenzó a usar el enfoque de género. Luego de casi 10 años de haberse aplicado este enfoque en el desarrollo rural y unos pocos años en los proyectos de conservación, bien merece la pena que nos preguntemos si las mujeres rurales ecuatorianas se han beneficiado con el cambio.

En un ensayo reciente, María Cuvi (Cuvi: 2000) sostiene que a principios de 1990 no se reconocía a las mujeres rurales como productoras ni se  valoraban sus aportes económicos, había muy poca información cuantitativa estadística) y cualitativa, y aún no había ingresado el enfoque de género en los análisis sobre la ruralidad. Ahora, a principios del siglo XXI, las mujeres rurales son consideradas también productoras y se reconocen sus aportes económicos, existe información estadística desagregada por género, se han introducido enfoques de género en los diagnósticos y evaluaciones de los proyectos de desarrollo rural, de desarrollo forestal y de uso y conservación de los recursos naturales; se está diversificando y especializando los conocimientos y el análisis de género.   

Vacíos que persisten en el trabajo con las mujeres rurales

  Del ensayo antes citado (Cuvi: 2000), también se desprenden algunos vacíos, entre los que resaltamos:  Haber ignorado las grandes y profundas diferencias entre las mujeres rurales. En la mayoría de diagnósticos e intervenciones se ha asumido que las mujeres rurales constituyen un grupo homogéneo e indiferenciado de pobres. Y se añade que este estereotipo está particularmente arraigado en el caso de las mujeres indígenas, ya que las instituciones de  desarrollo han construido representaciones en las que las muestran sumidas en la pobreza, el analfabetismo, el aislamiento económico y la desinformación; las representan como si fueran mujeres indefensas sin ninguna capacidad de protesta (Martínez, citada en Cuvi: 2000). Lo interesante es que, basándose en los estudios hechos por  Martínez, esta imagen contrasta con las de las etnografías elaboradas por investigadoras extranjeras y con las construidas por las propias mujeres indígenas.

En los dos últimos casos, se muestra a las indígenas enfrentando críticamente los cambios producto de la modernización cuando estos perjudican su vida familiar y comunitaria.

Ausencia de consideraciones de género en las políticas agrarias y macroeconómicas formuladas durante la década de 1990 en el Ecuador. Así lo discute Emilia Ferraro, quien además plantea que las mujeres rurales no constan entre los grupos sociales considerados en dichas políticas (Ferraro: 2000).

Poca investigación, reflexión y análisis para conocer lo que está ocurriendo con las mujeres rurales del Ecuador. Se han centrado en la realización de diagnósticos coyunturales que orienten las actividades consideradas en los documentos de proyectos y que permitan mostrar resultados visibles y de corto plazo para quienes financian (Cuvi: 2000).

Con frecuencia, en dichos diagnósticos se tratan aisladamente los problemas particulares de las mujeres o de los grupos sociales cubiertos por el proyecto, sin tener muy en cuenta los contextos locales ni las redes de poder. La debilidad de las organizaciones y grupos de mujeres rurales Tiene mucho que ver con las motivaciones de las cuales surgen esos grupos y con el carácter eminentemente urbano que hasta ahora ha tenido el movimiento de mujeres.

En una publicación reciente (Cuvi ed.: 2001), se sostiene que en el Ecuador, quienes han impulsado y financiado la creación de esas organizaciones y grupos (ONG, iglesia católica, Ministerio de Agricultura), lo han hecho con el propósito de involucrarlas en actividades que persiguen el cumplimiento de sus misiones y objetivos institucionales; por lo que dependen de la permanencia de las instituciones que les dan origen. Sin embargo, esto sólo puede ser planteado como hipótesis, ya que no contamos con un inventario fiable y actualizado sobre las organizaciones y grupos de mujeres rurales, sus objetivos, sus intereses, las motivaciones con las cuales se fundan, entre otros.

Estos cuatro vacíos insinúan que en la utilización del enfoque de género, por parte de las organizaciones gubernamentales y por las ONG, han primado los intereses ligados directamente a la ejecución de los proyectos[7],  antes que la generación de conocimientos sobre las actoras sociales, la formulación de políticas que las beneficien y el impulso a la consolidación de organizaciones en defensa de sus derechos e intereses de género.

Intervenciones al margen de los contextos y del movimiento de mujeres

¿Por qué las instituciones de desarrollo han relegado a un segundo plano o han ignorado los intereses de las mujeres rurales en sus intervenciones, pese a estar usando un enfoque de género?

Para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las instituciones ejecutoras, lo que a los donantes les interesa es medir la eficiencia con la que las instituciones receptoras del financiamiento ejecutan las actividades a las que se han comprometido. Para ello, por lo general, suele confrontarse los resultados logrados con las metas planteadas en los documentos. Interesa conocer los cambios que allí se han producido a propósito de las intervenciones, independientemente de qué esté ocurriendo en los contextos locales, regionales y nacionales que están fuera del área del proyecto, pero que indudablemente los enmarcan e influyen.

En el Ecuador, esta modalidad ha posibilitado que los espacios geográficos y culturales donde se desarrollan los proyectos se conviertan en una suerte de microcosmos, de universos cerrados, y que se creen grupos de

mujeres rurales para realizar ciertas actividades. Esta lógica no ha permitido que se establezcan vínculos entre estos grupos y aquellas organizaciones y grupos que forman parte del movimiento de mujeres del Ecuador. La excepción la constituyen ciertos fondos especialmente creados dentro de las agencias de cooperación, con el fin de avanzar hacia la equidad de género apoyando el fortalecimiento de la participación política de las mujeres, la consolidación de sus organizaciones y la defensa de sus derechos económicos, sociales y de ciudadanía[8]. En sociedades culturalmente tan diversas como lo es la ecuatoriana, que están sometidas a constantes cambios, planificar al margen de los contextos políticos y culturales resulta extremadamente peligroso. Igualmente peligroso resulta olvidar que el principal objetivo que dio nacimiento al enfoque de género fue el de combatir todas las formas de discriminación de las mujeres, así como derribar los obstáculos culturales e institucionales en los que se fundan las desigualdades de género.

  La dimensión política del concepto de género

El enfoque de género nació en los países del Norte y se desprendió de las teorías y las políticas feministas desarrolladas por mujeres europeas y norteamericanas, y el concepto género, del cual toma su nombre, se refiere a la construcción cultural de las diferencias sexuales. Independientemente del uso que se dé al enfoque o del sentido que se atribuya el término, tarde o temprano aflorarán los asuntos de poder que le dieron nacimiento; es decir, la dimensión política del concepto. Sin embargo, cuando el término cambia de escenario, cuando es trasladado desde los espacios académicos y desde los movimientos feministas de los países del Norte, primero a las agencias internacionales de desarrollo y luego a las instituciones de países del Sur, a través del financiamiento de proyectos, se van oscureciendo sus connotaciones políticas, es decir sus alusiones a las desigualdades y jerarquías sociales basadas en las diferencias sexuales. Comienzan a evaporarse los objetivos para los cuales fue inventado. Cuando el término es adoptado por el aparato de desarrollo se “tecnifica” y al tecnificarse se mitigan los conflictos sociales que suelen aflorar cuando se lo utiliza para fomentar la participación de las mujeres en los proyectos de desarrollo. Cuando el término es utilizado en la formulación de proyectos de desarrollo se vuelve elástico y polisémico, ya que sirve para nombrar muchas cosas: un indicador, una variable, un concepto, un instrumento, una herramienta metodológica, una forma de análisis, una teoría, un enfoque, una perspectiva.

Intereses de género, empoderamiento y nuevas alianzas

El empoderamiento es un concepto crucial en el trabajo con las mujeres rurales cuando la intención es defender y afianzar sus intereses de género. Como este término es usado para significar cosas tan distintas como “participación”, “autonomía”, “integración”, “identidad”, “desarrollo”, “planeación”, bien merece la pena aclarar cómo lo estamos entendiendo[9] . El empoderamiento, tal como lo plantea Magdalena León (León:1997), alude a los cambios de la imagen de subvaloración de las mujeres, de sus capacidades, de sus sentimientos de inferioridad; está relacionado con el logro de su autonomía individual, con su decisión de resistir a la opresión, de organizarse y luchar colectivamente en contra de la sumisión, de movilizarse para reclamar sus derechos laborales, políticos, sexuales y reproductivos; esto debe ser inducido desde afuera.

Coincidimos con lo que apunta Magdalena León. Sin embargo, algo que no ha estado explícitamente planteado ni ha sido discutido es si ¿debe el Estado o las ONG (ambientalistas y de desarrollo rural) hacerse cargo de un proceso que busca el reconocimiento y afirmación de las identidades individuales y colectivas de género?

Lo que sostenemos aquí es que son las organizaciones y ONG del movimiento de mujeres, las que mejor preparadas están para enfrentar un proceso de largo aliento como es el del empoderamiento.

Para ello nos respaldamos en las lecciones y experiencias de otros países latinoamericanos y del mismo Ecuador. Carmen Diana Deere y Magdalena León en su último libro, Género, Propiedad y Empoderamiento: tierra, Estado y mercado en América Latina, demuestran que el crecimiento de las organizaciones de mujeres rurales ha sido exitoso cuando se han establecido enlaces fuertes entre el movimiento de mujeres urbanas y rurales.

Un ejemplo que vale la pena traer a colación es el empoderamiento que han ido logrando las mujeres indígenas en el Ecuador durante la década de 1990. Fueron ellas las que mejor aprovecharon los espacios internacionales que se abrieron y el financiamiento disponible para preparar y realizar la IV Conferencia Mundial de la Mujer. Esos recursos les permitieron consolidar un liderazgo que ya habían venido ejerciendo dentro de las organizaciones del movimiento indígena como Ecuarunari o la CONAIE a las cuales pertenecen. Un notable contraste se produce cuando revisamos la situación de las mujeres mestizas y afroecuatorianas. Sus liderazgos y organizaciones en contadas oportunidades trascienden los espacios locales, una situación común para la mayoría de organizaciones de mujeres rurales de América Latina y el Caribe, según los resultados del Encuentro realizado en Brasil en 1996 (Deere y León: 2000, cap. 4).

¿Por qué el Estado y las ONG no son las instituciones más idóneas para encargarse de aspectos relativos al empoderamiento de las mujeres? El Estado es el único que garantiza ciertas condiciones (infraestructura, servicios, formulación de políticas de equidad de género, cambios en la legislación) para

que las mujeres se movilicen en demanda de sus intereses específicos de género. Sin embargo, cuando estas demandas entran en conflicto con los intereses de otros grupos sociales y del mismo Estado, éste deja de ser un aliado confiable[10]. Similares conflictos institucionales podrían enfrentar aquellas ONG ambientalistas si intentasen asumir actividades de empoderamiento de las mujeres, ya que los intereses de género no son una prioridad institucional, ni sus equipos técnicos están preparados (probablemente tampoco interesados) para enfrentar adecuadamente este desafío.

En el Ecuador de la década de 1990, en gran parte debido al impulso recibido de la IV Conferencia Mundial de la Mujer en 1995, las organizaciones del movimiento de mujeres han crecido y se han consolidado. Si bien es cierto que su trabajo se ha concentrado en las grandes ciudades, desde hace algún tiempo también están desarrollando actividades para fortalecer los municipios y gobiernos locales, espacios cercanos a las zonas rurales donde las ONG ejecutan los proyectos de conservación y de desarrollo rural. Con seguridad, las ONG ambientalistas sacarán más provecho de sus intervenciones si identifican mecanismos que les permitan aprovechar esta experiencia acumulada por las organizaciones del movimiento de mujeres en el Ecuador.

Quizás el punto de equilibrio sería adoptar una posición intermedia, esto es facilitar las alianzas entre las organizaciones del movimiento de mujeres y las organizaciones y grupos locales y dispersos conformados por mujeres rurales y con los cuáles realiza sus actividades. Una alianza de esta naturaleza permitiría que las organizaciones de las mujeres rurales sientan que tienen aliadas que las acompañan y apoyan en su proceso de crecimiento y planteamiento de demandas.

Análisis de las experiencias de género y la conservación de la biodiversidad en el Ecuador: lecciones aprendidas y necesidades

Analizando las experiencias presentadas en el taller nacional, esta progresión no se da completamente o hace falta mayor profundidad y complejidad de análisis en varias experiencias. Se puede dividir las experiencias en dos grupos. En uno, vemos esta ligereza analítica sobre todo en cuanto al enfoque de género. Algunos proyectos hablan de género, pero lo que hacen son componentes para la mujer que son conceptualizados desde enfoques muy parecidos a los que hace 20 años se utilizaban en el mundo del desarrollo rural y que se les conocía como enfoques de bienestar social. Se habla de involucrar a la mujer en la conservación, pero si uno rasga la superficie esta participación es definida como una extensión del rol de la mujer en el hogar y como cuidadora del bienestar de la familia. Se ve a la mujer como quien en tiempos desocupados (es decir, sin remuneración), va a cuidar y recuperar el ambiente amenazado o deteriorado. En el otro grupo encontramos tendencias muy alentadoras: hay claridad y profundidad en el análisis, preocupación en las relaciones de poder y un conocimiento en cuanto a la toma de decisiones y acciones en la conservación y en el uso y manejo de los recursos naturales.

Creemos que estas diferencias radican en la preparación de los(as) profesionales de estos grupos. Los y las profesionales que han podido profundizar en su educación en género, quienes han disfrutado de mayor tiempo de formación y más práctica en el análisis comparativo, demuestran mayor poder para innovar los conceptos y métodos de género aplicados a la conservación de la biodiversidad, que aquellos(as) que han recibido sólo algunas capacitaciones.

Entonces, nuestra primera lección aprendida es: necesitamos desplazarnos de la capacitación a corto plazo hacia la formación de profesionales en conservación de la biodiversidad con enfoque de género.

Hemos encontrado que el “marco conceptual de MERGE” sigue muy vigente como guía en la mayoría de las experiencias exitosas de género y

biodiversidad. Muy pocas son las experiencias en las que se ha utilizado el análisis de género para el empoderamiento de los grupos locales o de las mismas mujeres. El marco MERGE propone que el empoderamiento implica “abrir el espacio para las perspectivas y decisiones de grupos menos poderosos - distinguidos por género y otros factores - con relación a estrategias específicas de gestión comunitaria de recursos naturales” (Schmink en Poats, Arroyo y Asar 1998), y que el empoderamiento de estos grupos resultará en iniciativas de conservación más exitosas.

Entonces, la segunda lección aprendida es: faltan resultados del empoderamiento de las mujeres y otros grupos menos poderosos para la conservación.

Uno de los avances conceptuales y metodológicos más interesantes ha sido el de la propuesta de Rocío Alarcón, etnobióloga de EcoCiencia. Su experiencia demuestra cómo se puede, y por qué se deben reconstruir las bases conceptuales de la investigación sobre la biodiversidad para incorporar el enfoque de género. Sin embargo, deberemos tener cuidado con este camino y no limitarnos a funcionalizar el género para poder sustentar una determinada posición política sobre el uso y conservación de los recursos naturales. Debemos preguntarnos si el interés es la defensa de la biodiversidad o el empoderamiento de las mujeres rurales, o si se puede combinar los dos intereses efectivamente.

Las experiencias del taller nacional demuestran un avance no sólo en cuanto al uso del género para proyectos orientados a especies, sino también en la inclusión del género en la conservación de sistemas y de recursos específicos. La experiencia sobre género y manejo de cuencas, presentado por Susana Ricaurte, junto con experiencias ecuatorianas sobre género y el manejo de riego (de Elena Bastidas en Carchi y Rosario Jácome en Chimborazo con el SNV), nos muestran que cuando se teje el análisis de género con unidades distintas de la biodiversidad o de la naturaleza, se puede visibilizar, analizar y problematizar quiénes son las mujeres y los hombres que están detrás de las unidades que los cuidan, usan o abusan.

Estas experiencias presentan otra lección importante: el reto de tejer el género con la conservación de la biodiversidad en toda su complejidad es demasiado ambicioso. Deberemos iniciar con especies, sistemas y recursos específicos. Esto indica una necesidad fundamental: generar la evidencia empírica sobre la relación del género con biodiversidad. Sugerimos que es necesario tejer una red de análisis, de lo micro a lo macro para poder analizar efectivamente estas relaciones y sus implicaciones prácticas y políticas.

Pocas fueron las experiencias presentadas con ejemplos directos de acciones sobre políticas. Sin embargo, hubo una cantidad muy rica de sugerencias y recomendaciones de los y las participantes hacia la necesidad de introducir el género en la política ambiental. Pensamos que es importante impulsar un mayor análisis del enfoque de género en las políticas de conservación de la biodiversidad y buscar mecanismos para una mayor participación ciudadana en el análisis y su aplicación.

Vimos en el Taller Nacional una preocupación, aunque incipiente, sobre el diseño de indicadores. Sin embargo, la tendencia a diseñar indicadores de género a la que se está prestando mucha atención, no ayuda al cambio de mirada; sirve apenas para inventariar “frijoles”, más no para entender procesos.

Pensamos que podría ser interesante establecer una relación de continuidad entre esta fiebre por medir las inequidades de género a través de indicadores y el énfasis que tuvieron las estadísticas oficiales durante la década de 1990, cuando se intentaba, a toda costa, cuantificar el trabajo productivo de las mujeres, hasta entonces subvalorado. De allí  que junto a la visibilización, se forjó un discurso de la victimización que hasta ahora pesa en los proyectos y programas de desarrollo. En el caso de las mujeres rurales, el esfuerzo permitió ilustrar su participación económica en la producción agropecuaria (trabajo productivo), aporte que había sido ignorado.

Pensamos que la lección de mayor importancia para la conservación de la biodiversidad con enfoque de género que se puede sacar de las experiencias es la necesidad de dejar de contar los frijoles (machos o hembras) y empezar a desarrollar buenos y efectivos indicadores de procesos.

Las experiencias del taller reflejan los pasos dados para ligar el análisis de género a la construcción de la etnicidad. No se puede decir que existe ya un marco conceptual claro y práctico para relacionar el género con la etnicidad, pero se puede ver un proceso analítico en construcción.

Sin embargo, quedamos con una inquietud: ¿cómo se está estableciendo el puente entre la diversidad cultural y la biodiversidad? En el informe sobre la biodiversidad del Ecuador (Ministerio del Ambiente: 2000), se establece una relación entre la diversidad biológica y la diversidad étnica. Esto, si bien constituye un avance en el contexto ecuatoriano, puede convertirse en un nuevo obstáculo para lograr el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales y el combate a las inequidades de género, debido a que conceptualmente la diversidad cultural corre el riesgo de ser reducida a la diversidad étnica y, políticamente, a que las demandas y reivindicaciones del poderoso movimiento indígena desplacen a los márgenes las reivindicaciones de las organizaciones de mujeres mestizas.

Como lección, enfatizamos la necesidad de explorar con mayor profundidad las relaciones entre género y etnicidad en el Ecuador, pero dentro de un esfuerzo analítico para hacer una intersección entre género y todas las otras dimensiones de la sociedad ecuatoriana en toda su diversidad cultural y social.

En conclusión, hemos hecho una radiografía preliminar del contexto ecuatoriano en cuanto a los movimientos sociales, género y biodiversidad.

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